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DEUDA ESTATAL SIGUE A LA BAJA

La deuda pública directa total contratada por los gobiernos estatales ascendió a 621,236.9 mdp, esto es 0.6% menor al registrado en el mismo periodo del 2024. En este periodo 23 la redujeron. Destaca que Coahuila, mejoró su posición, pasando a semáforo verde, por lo que ya no hay Estados en observación.

La deuda pública de las Entidades Federativas es resultado de las dificultades que tienen sus autoridades para financiar tanto el gasto operativo como de inversión con sus ingresos, tanto propios como los que reciben por medio de transferencias federales.

Por esta razón, en algunas ocasiones, los gobiernos estatales requieren acudir al endeudamiento crediticio para complementar los fondos necesarios para la realización de las inversiones públicas productivas que requieren o para realizar la reestructura o refinanciamiento de su deuda previamente contratada, como está regulado por el Artículo 117 Constitucional.

Asimismo, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), seña la que la contratación de cualquier tipo de deuda debe ser notificada y registrada en un Registro Público Único (RPU) y plantea la creación de un Sistema de Alertas que a través de indicadores para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) evalúe el nivel de deuda.

Tanto el RPU como el Sistema de Alertas, permiten dar seguimiento puntual a los niveles de endeudamiento de los gobiernos locales.

En la Ley se establece que los Estados en ningún caso pueden contratar deuda para financiar gasto corriente, lo cual está en línea con lo estipulado en el Artículo 117, Fracción VIII de la Constitución federal, donde se reglamenta que: “Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empéstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, […]”.

En este contexto, se aborda la dinámica del saldo de la deuda directa de largo plazo de las Entidades Federativas al segundo trimestre de 2025 y su respectiva comparación con respecto a 2024 y cómo ha evolucionado en los últimos seis años. Asimismo, se presenta la deuda en términos relativos a la población de cada Estado para tener un mejor panorama del nivel de deuda de cada gobierno.

En los últimos seis años, la deuda total de las Entidades Federativas presentó una disminución del 7.2%, al pasar de 669,564.4 millones de pesos (mdp) en el segundo trimestre de 2020 a 621,236.9 mdp en el mismo periodo de 2025, como se muestra en la Gráfica 1.

Esta reducción se explica principalmente por la caída de la deuda de largo
plazo, que se redujo 7.0% al pasar de 640,863.1 mdp a 595,816.3 mdp, es decir, 45,046.8 mdp menos.

En cuanto a la deuda de corto plazo, esta mostró una contracción del 11.4% en el periodo, equivalente a 3,280.7 mdp. No obstante, este tipo de financiamiento representó en promedio únicamente el 3.4% de la deuda total de los Estados en el periodo analizado.

De acuerdo con los datos más recientes de la SHCP, al cierre del segundo trimestre de 2025 la deuda pública directa contratada por los gobiernos de las Entidades Federativas se situó en 621,236.9 mdp en términos reales.

Esta cifra es 3.2% menor a la observada en el mismo trimestre de 2024 y prolonga la tendencia descendente iniciada en 2019, reflejando los esfuerzos de contención del endeudamiento estatal durante y después de los efectos de la pandemia de COVID-19.

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Respecto a la composición de la deuda estatal según su fuente de pago, se identifica que el 88.3% se encuentra respaldado por las Participaciones Federales. Esto responde a que dichos recursos constituyen ingresos de libre disposición, los cuales pueden ser uti lizados como garantía al contratar financiamiento tanto con la banca múltiple como con la banca de desarrollo.

En segundo lugar, los ingresos locales respaldan el 4.4% de la deuda. Esta proporción reducida obedece a que dichos ingresos representan menos del 20.0% del total de recursos de las Entidades Federativas y suelen destinarse a otros compromisos propios de cada Estado.

Por su parte, las Aportaciones Federales sostienen el 3.2% de la deuda estatal, principalmente como garantía en créditos de la banca de desarrollo destinados a proyectos de inversión en infraestructura social.

Finalmente, la deuda de corto plazo representó el 4.1% del endeudamiento total de los Estados durante el primer semestre de 2025, como se indica en la Gráfica 2.

Este instrumento se emplea únicamente para atender contingencias menores, constituyendo así una alternativa ágil que evita recurrir a procesos más complejos de contratación o negociación para cubrir obligaciones imprevistas.

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Solo 31 Entidades Federativas registraron deuda entre el segundo trimestre de 2024 y el mismo periodo de 2025, ya que Tlaxcala no tiene deuda, a pesar de contar ya con una Ley que le faculta para poder contratar financiamientos.

Del total, 25 entidades redujeron su nivel de endeudamiento en términos reales, mientras que únicamente Baja California Sur, Michoacán, San Luis Potosí, Baja California, Yucatán y Nuevo León mostraron un incremento en sus obligaciones financieras.

En este contexto, los Estados de Nuevo León y Yucatán fueron los que registraron los mayores incrementos en términos absolutos, con 2,762.1 mdp y 1,212.5 mdp, respectivamente.

En el caso de Nuevo León, su deuda de largo plazo aumentó 5.7%, equivalente a 3,912.3 mdp, mientras que la de corto plazo disminuyó 1,150.2 mdp. Esta dinámica provocó un deterioro en sus indicadores de deuda del Estado de Nuevo León, ya que, como proporción de sus Ingresos de Libre Disposición (ILD), pasó de 89.2% a 100.0% en las dos últimas evaluaciones del Sistema de Alertas de la SHCP.

En ese sentido, si el nivel de deuda rebasa superara el 100.0% de sus ILD del Estado tendría dos indicadores en observación y su deuda en general entraría en observación.

Por su parte, Yucatán concentra la totalidad de su deuda en financiamientos de largo plazo, los cuales crecieron 15.6% (1,212.5 mdp) entre el segundo trimestre de 2024 y 2025, como se presenta en el Cuadro 1.

Aunque Yucatán presentó un deterioro de 5.8% en el indicador 1 del Sistema de Alertas, su deuda equivale únicamente al 39.6% de sus ILD, por lo que continúa siendo considerada viable.

En cuanto a Michoacán, San Luis Potosí y Baja California, reportaron incrementos superiores a 220.0 mdp cada uno. Michoacán redujo su deuda de corto plazo en 138.0 mdp, pero su deuda de largo plazo creció 1.8%, al pasar de 20,150.5 mdp a 20,510.7 mdp en el periodo analizado.

Por su parte, el aumento principal para San Luis Potosí provino de la deuda de corto plazo, con un alza de 544.9 mdp, mientras que la deuda de largo plazo disminuyó en 242.8 mdp.

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En contraste, el Estado de México, Veracruz y Guanajuato fueron las entidades que registraron las mayores reducciones en su endeudamiento, superiores a 2,300 mdp cada una.

El Estado de México, cuya deuda es totalmente de largo plazo, la redujo 5.1%, lo que significó una baja de 3,092.9 mdp. Esta disminución le permitió mejorar sus indicadores 1 y 2 del Sistema de Alertas, ya que su deuda equivale al 29.9% de sus ILD y el servicio de esta representa apenas 3.8% de dichos ingresos.

En el caso de Veracruz, también con deuda exclusivamente de largo plazo, esta se redujo 5.1%, al pasar de 48,761.8 mdp a 46,276.7 mdp, es decir, 2,485.1 mdp menos. Durante los últimos seis años, ha mantenido una estrategia de mejora en su perfil de deuda mediante renegociaciones que han permitido obtener mejores condiciones de financiamiento. Gracias a ello, mejoró sus indicadores 1 y 2, ya que su deuda representa el 55.6% de sus ILD y el servicio de intereses corresponde al 6.5%.

Finalmente, Coahuila destaca por haber reducido su deuda en 4.0% entre 2024 y 2025, equivalente a 1,542.9 mdp. Esta disminución contribuyó a que sus métricas mejoraran, abandonando así la alerta de observación, pues ahora su deuda se ubica por debajo del 100% de sus ILD. Con ello, todas las Entidades Federativas mantienen actualmente un nivel de deuda en semáforo verde, considerado como viable.

La deuda per cápita constituye un indicador más preciso para dimensionar el costo que implica para cada ciudadano las decisiones de endeudamiento de su gobierno, ya que refleja cuánto tendría que aportar cada habitante de una entidad para cubrir dicho pasivo, por tanto, es comparable entre Estados.

De esta manera, el promedio nacional asciende a 4,757.7 pesos por persona (ppp). En este contexto, 11 Entidades Federativas superan ese nivel, entre las cuales sobresalen seis por registrar un endeudamiento per cápita particularmente elevado.

Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Ciudad de México, Quintana Roo y Sonora se ubican con los mayores niveles de deuda per cápita, con montos superiores a los 8,000.0 ppp, es decir, más del doble del promedio nacional.

Aunque la Ciudad de México concentra el monto más alto de deuda contratada y figura entre las entidades con mayor endeudamiento per cápita, no se encuentra bajo observación en el Sistema de Alertas. Esto se debe a que los tres indicadores utilizados en dicho sistema se calculan en función de los Ingresos de Libre Disposición, y dado que la capital es la entidad con mayor capacidad recaudatoria del país, el impacto de su deuda no se considera de riesgo.

En un nivel intermedio, con montos de deuda per cápita entre 3,000 y 6,000 pesos por persona (ppp), se ubican los estados de Morelos, Chiapas, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Yucatán, Zacatecas, Michoacán, Tamaulipas, Baja California, Colima, Nayarit, Durango y Veracruz, como se muestra en la Gráfica 3.

Por otro lado, las entidades con menor endeudamiento per cápita son Hidalgo, Querétaro, Guerrero y Puebla, todas con menos de 1,000 ppp. Guerrero registra la cifra más baja, con 590.9 ppp, debido a una reducción de 1.5% en su deuda total y por contar con una población superior a 3.5 millones de habitantes.

Puebla mantiene un bajo nivel de deuda per cápita principalmente por su alta población, siendo la quinta entidad con más habitantes (6.5 millones), mientras que su deuda total se sitúa en la posición 23 a nivel nacional.

Captura-de-Pantalla-2025-10-30-a-las-16.49.57-1024x610 DEUDA ESTATAL SIGUE A LA BAJA

En resumen, desde 2020, la deuda total de las Entidades Federativas ha seguido una tendencia a la baja, particularmente en el caso de la deuda de largo plazo, lo que refleja un menor uso de este tipo de financiamiento y un cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera.

Como resultado de estas acciones, todas las entidades se encuentran actualmente con deuda considerada viable, apareciendo en semáforo verde del Sistema de Alertas de la SHCP. Coahuila fue la última entidad en salir de observación; no obstante, si Nuevo León mantiene su actual ritmo de endeudamiento, podría situarse en semáforo amarillo como deuda en observación.

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